Resumen

El término engagement lo conocemos habitualmente como asociado a compromiso o lealtad, pero no existe un claro consenso en la definición y naturaleza del mismo, a pesar de ser ampliamente utilizado en las comunicaciones referidas al marketing y la empresa.

Este artículo se aleja de esas perspectivas tradicionales para entrar en una nueva dimensión, aunque menos conocida, y que es la referida al ámbito de las Fuerzas Armadas, donde el significado del término adquiere otro bien diferente, y que ha servido para delinear las nuevas políticas del uso de la fuerza de la ONU en operaciones de ayuda humanitaria, alivio a desastres, operaciones de búsqueda y rescate; evacuación de no combatientes; apoyo militar a autoridades civiles; implementación de sanciones y embargos; operaciones de demostración de fuerza y protección de fronteras.

1. Introducción

Para Aguilera et al. (2016:2), el concepto de engagement es de capital importancia en el prototipo del marketing posmoderno, dado que es el que mejor puede definir la intensidad de una relación entre un consumidor/cliente y una marca y es el producto, en continuo desarrollo, de las repetidas experiencias que tiene el consumidor/cliente con la marca en todos los puntos de contacto.

Para otros autores, como Vivek (2009:23), las relaciones ya no son solo entre compradores y vendedores, sino entre cualquier combinación de clientes potenciales, sociedad, compradores, y vendedores. Es entonces cuando el engagement se convierte en el constructo que abarca todas estas relaciones e interacciones, basado en las experiencias de los consumidores dentro y fuera de las situaciones de intercambio.

Lo cierto es que el engagement ha sido estudiado por un gran número de disciplinas que van, desde la sociología a la psicología, pasando por las ciencias políticas y el comportamiento organizacional. Y al tratarse de un concepto novedoso debemos hablar más de definiciones que de definición, pues existen varias, según los autores procedan del ámbito académico o profesional.

La palabra engagement, tanto en inglés, como en francés, además de compromiso, promesa, acuerdo o pacto, también quiere decir (pero también, y no solamente), combate, contacto o enfrentamiento armado.

Es precisamente esta dimensión en la que nos vamos a fijar y, aunque menos conocida, no es por ello menos importante. Es la referida al ámbito de las Fuerzas Armadas (FAS), donde el significado del término es bien distinto: en la terminología militar anglosajona Rules of engagement (ROE), se traducen como reglas de enfrentamiento o confrontación, pero en ningún caso como como reglas de compromiso o lealtad.

Las reglas de enfrentamiento pueden definirse como las directrices establecidas por la autoridad militar competente que especifican las condiciones y limitaciones bajo las cuales una unidad militar podría iniciar o sostener el uso de la fuerza armada de acuerdo con los objetivos de la misión que tiene encomendada y las circunstancias en las que ésta se desarrolla, es decir, las ROE facilitan el conocimiento del “quien, contra quién, cuándo, dónde y en qué medida” han de actuar.

2. Origen y justificación de las ROE

En la actualidad surgen nuevos escenarios, como el de la guerra asimétrica, que consiste en el conflicto entre actores que presentan diversas fortalezas, valores y tácticas. Para Martínez (2013:7), se trata de una lucha no demasiado convencional en ocasiones, entre beligerantes desiguales. Lo que implica una gran desproporción de fuerzas, desigual estatus, desigualdad numérica, formas de combate distintas, métodos, procedimientos y medios diferentes, motivaciones y alianzas dispares, factores geográficos que supongan una distinta familiaridad con el terreno y tecnología desigual.

Antiguamente, las guerras tendían a caracterizarse por el combate en una serie de batallas cortas, pero sangrientas, entre ejércitos o armadas adversarios. Aunque los civiles sufrían los efectos causados por los ejércitos en sus desplazamientos y por las evacuaciones, los alojamientos de las tropas en sus casas y las requisas de sus propiedades, rara vez se veían afectados directamente por los combates, a menos que habitaran en una ciudad sitiada. En el preámbulo de la Declaración de San Petersburgo de 1868 se proclamaba que el único objetivo legítimo que los Estados debían proponerse durante la guerra era el debilitamiento de las fuerzas militares enemigas y que, a ese efecto, era suficiente poner fuera de combate al mayor número posible de hombres (Rogers, 2000:6).

Pero con el tiempo se ha comprobado cómo, y pese a los esfuerzos diplomáticos y de los juristas internacionales para hacer hincapié en el principio de la inmunidad de los civiles, el resultado de esta tendencia ha sido un aumento constante del número de muertos o heridos civiles en los conflictos armados en comparación con el de los militares. Según la Oficina Federal suiza para la Protección Civil la proporción en la Primera Guerra Mundial fue de 200 militares muertos por cada civil; en la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente un militar por cada civil, y en la Guerra de Vietnam, 1 militar por cada 20 civiles (Sasoli y Bouvier, 1999:145).

Creadas por el Estado Mayor norteamericano en 1954, con la Guerra de Corea, y posteriormente aplicadas en Vietnam, las ROE no serían implementadas hasta 1986 y aceptadas en Occidente a partir de los años 90. La literatura cita antecedentes lejanos, en la Edad Media y en la Conquista de América, incorporándose posteriormente al ámbito militar. En todo caso, podríamos afirmar que las ROE han estado presentes, de una forma u otra, desde que los gobernantes enviaban los hombres a la guerra; pero solo hasta tiempos muy recientes han recibido la atención que merecen.

Las operaciones distintas a la guerra MOOTW (Military Operations Other Than War), consisten en un amplio despliegue que va, desde el reparto de ayuda humanitaria, hasta la conducción de operaciones de combate para imponer la paz. Suponen un esfuerzo que pone a prueba muchas de las capacidades del ser humano y, por consiguiente, de los soldados y militares, ya que a menudo estos se involucran en escenarios difusos y ambiguos. Es entonces cuando surgen las ROE que, según la doctrina OTAN, son las “instrucciones emitidas a las fuerzas militares y que definen las circunstancias, condiciones, el grado y manera que deben respetarse para ser autorizado o no, el uso de la fuerza o iniciar el combate ante un comportamiento que puede ser considerado como una provocación” (NATO, 2003 y 2010).

Las sencillas reglas de enfrentamiento para programas de combate han dado paso a las relativamente complicadas reglas de enfrentamiento para mantenimiento de la paz o la construcción del Estado. Decisiones automáticas y reacciones instintivas basadas en el entrenamiento de combate ceden paso a los juicios considerados y reacciones medidas sobre la base de entendimientos culturales (Campbell y Campbell, 2010: 341-2).

Las ROE adquieren verdadera carta de naturaleza cuando son puestas en relación con el hecho bélico y el Derecho Internacional. En concreto, cuando son puestas en relación con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en situaciones de paz, o el Derecho de los Conflictos armados en situación de guerra o conflicto armado.

Ya en 1991 el Ministerio de Defensa de España dejaba constancia de lo que significaba esta nueva actitud de las FAS en misiones internacionales de paz, afirmando que los requisitos que tiene que reunir un soldado de Naciones Unidas son muy diferentes a los de un combatiente normal, y por ello, con frecuencia, se solicitan profesionales con largos años de experiencia en el mando y un carácter sosegado y equilibrado. La diplomacia y el tacto son muy importantes. En cierta manera, los boinas y cascos azules son los adelantados de un nuevo tipo de militar. Es frecuente que estos soldados y militares se encuentren en la incómoda posición de esperar a que abran fuego contra ellos antes de poder responder. Si ellos tomaran la iniciativa en el uso de la fuerza, perderían el sustento moral que los abriga y pondrían en peligro el principio esencial de la ONU, la consecución de la meta a través de la negociación y no de la violencia (DRISDE, 1991:28-9).

Con el paso de los años estas ROE fueron adaptándose a las circunstancias específicas de escenarios conflictivos. En el caso de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (UNIFIL) fueron las más contundentes aprobadas hasta ese momento para una misión de cascos azules. Las negociaciones llevadas a cabo entre los responsables de la ONU y los países implicados (Francia, Italia y España, fundamentalmente) lograron que se reconociera, por vez primera, el derecho a la autodefensa preventiva.

En aquel momento, se declaraba que la autodefensa contra una fuerza hostil podía ser ejercida por individuos o por unidades bajo ataque o en peligro de ser atacadas, así como por otras fuerzas de la ONU capaces de ayudar a estos individuos o a estas unidades:

“Eso no quiere decir que los cascos azules –hasta 15.000, incluidos un máximo de 1.100 españoles-, puedan abrir fuego a la ligera. Cualquier incidente armado en el que se vean implicadas las tropas de la ONU da pie a un informe escrito y a una investigación interna para determinar si se han cumplido las normas.

Los miembros de UNIFIL están obligados a cumplir la legalidad internacional y a utilizar la fuerza mínima necesaria y proporcionada para cumplir su misión, así como a evitar daños colaterales en la población civil e intentar resolver cualquier problema, si es posible, pacíficamente.

No obstante, los cascos azules enviados a Líbano disponen de un margen de libertad sin precedentes para recurrir a la violencia. En concreto, pueden usar “fuerza letal” –emplear las armas con resultado de muerte- para defenderse a sí mismos y a otro personal de la ONU de un acto hostil o de un intento de secuestro; para defender a militares o autoridades libanesas que estén bajo su protección; para defender a los trabajadores humanitarios o proteger a civiles bajo inminente amenaza de violencia física” (González, 2006:2).

Con las ROE se garantiza que el empleo de la fuerza sea prudente en situaciones de extrema necesidad y como último recurso. La importancia de las ROE radica en que son un elemento técnico preestablecido para alcanzar los objetivos y, además, son una referencia jurídica para la legitimación de la acción (Fojón, 1998). Un ejemplo de ROE sería la denominada “respuesta proporcional”, el principio según el cual la respuesta armada estará ajustada a la amenaza percibida y se limitará en grado, intensidad y duración a lo estrictamente necesario.

3. ROE y Opinión Pública

En cada operación militar se establecen unas reglas de enfrentamiento que determinan el uso de las armas y la manera de ser empleadas en función de la amenaza existente y fase del conflicto. La importancia de dichas normas es clave para poder desempeñar cometidos las unidades militares, y no solo usar la fuerza en defensa propia (García-Guiu, 2013:13).

Las ROE deben ser breves, claras, precisas y comprensibles por militares de cualquier nivel evitando, por tanto, contradicciones, ambigüedades o confusiones. Sin unas ROE adecuadas, las unidades militares se enfrentan a dos peligros: responder a los ataques débilmente, con daños evitables, y a que no puedan dominar su agresividad, lo que podría ocasionar daños colaterales difíciles de asumir. Una de las preocupaciones militares actuales es reducirlos a porcentajes “aceptables”, en términos políticos y de opinión pública, sin saber muy bien cuáles son esos niveles de aceptabilidad. El daño colateral es otro concepto posmoderno, una concreción de lo políticamente correcto, relacionado con las ROE (Alía, 2015:18).

Desde la Guerra de Vietnam, la percepción de la legitimidad de una operación (éxito o fracaso) varía según los públicos consideran que se han adoptado o no medidas para alcanzar los objetivos previstos con rapidez, eficacia y eficiencia, con un reducido número de víctimas.

El daño colateral se produce cuando la destrucción de un objetivo militar va acompañada de un efecto secundario, que inicialmente no estaba previsto.

Hablar de las ROE es hablar, también, de otros factores que inciden de un modo u otro en la definición y ejecución de la política de seguridad y defensa de una nación, entre otros, el “factor CNN”, como expresión de hasta qué punto el uso de la fuerza está condicionado por la presión de los medios de comunicación en una sociedad democrática y el lógico temor de la clase política a tener que enfrentarse a una opinión pública adversa. En ese caso, existe una relación directa del conflicto con los medios de comunicación, que pueden seguir los acontecimientos en directo a través de la televisión. Como es lógico, esto origina que los responsables tengan que dar explicaciones sobre las decisiones militares tomadas, y los daños colaterales producidos (Al-Allaf, 2001:15-6).

Uno de los muchos ejemplos que podría ilustrar esta cuestión es la matanza de 22 médicos y pacientes de un hospital de Afganistán en Octubre de 2015 por los bombardeos de EE.UU., que despertó una serie de protestas e indignación en Occidente. El hecho de que el Comando Militar responsable emitiera cuatro historias diferentes en un intento de exculparse dio lugar a más indignación aún. La ONG, Médicos Sin Fronteras (MSF), que dirigía el hospital, denunció el acto como un delito y exigió una investigación (Kamen, 2015:2).

Y es que la ciudadanía occidental puede aceptar que una guerra contra un enemigo tan aborrecible como el ISIS sea necesaria, pero no puede aceptar que la matanza indiscriminada de inocentes deba ser parte de esa guerra.

Es imprescindible que las operaciones militares o misiones humanitarias cuenten con respaldo popular; o como mínimo plantear una actuación que no genere rechazo social. El apoyo de la opinión pública es indispensable para desarrollar con éxito cualquier misión internacional.

Siempre ha existido una creciente presión, especialmente en Occidente, para reducir las pérdidas militares al mínimo, pues de no hacerlo, probablemente se perdería el apoyo público para las campañas. En efecto, lo que se espera hoy, especialmente si se trata de un país que no está directamente amenazado por operaciones militares, es que no haya pérdidas humanas y que si las hay, que sean muy pocas. En 1982 en su campaña para retomar las Islas Falklands/Malvinas el destacamento especial británico sufrió entre sus militares 256 bajas y 777 heridos, de un total de fuerza movilizada de 9.500 hombres. Fue algo tolerado por el público británico, quizás porque se pensó que estaban en juego los intereses del país. Pero habría sido menor la tolerancia en la Guerra del Golfo de 1991 o en el conflicto de Kosovo en 1999, pues ninguno de los dos afectaba directamente al pueblo británico (Rogers, 2000:2).

Este autor, ex director de los Army Legal Services del Reino Unido, sostiene que el derecho, la conveniencia política y el sentimiento público se combinan para exigir que los muertos y heridos, bien sean entre los miembros de las fuerzas armadas bien sea entre la población civil, se reduzcan al máximo, hasta donde lo permitan las exigencias del conflicto armado.

Una confianza que es más fácil de obtener cuanto más alejado esté el conflicto. A más lejanía, más indiferencia por el tema, mayor grado de desconocimiento, menor impacto social y, por lo tanto, rechazo. En general, las operaciones de paz son altamente valoradas y aceptadas, pero ello no implica que no se perciban los riesgos.

La opinión pública es favorable si sólo participan tropas profesionales, si la misión encomendada no genera mucho riesgo y si no se siente parte del conflicto. Como contrapartida, las bajas propias, la cercanía, y los daños colaterales pueden provocar un cambio de sesgo vertiginoso en la opinión pública. La cercanía, porque provoca mayor grado de conocimiento del conflicto, una mayor percepción de la complejidad y de la dimensión civil del enfrentamiento y por lo tanto, más posibilidades de rechazo. Y el control en empleo de las armas se considera vital para mantener el respaldo de la opinión pública porque los daños colaterales sensibilizan a la sociedad con la faceta más humana del conflicto pasando a segundo plano la vertiente la política, por muy legítima que ésta sea. (Martínez, 2013:4).

En la actualidad, el “centro de gravedad” de las sociedades avanzadas se encuentra en su opinión pública. Así lo defienden autores, como Torres y García (2009: 15-17); que señalan que alcanzar este centro e influir en él puede ser sinónimo de victoria. Además, ambos destacan que la evolución tecnológica, la transformación del modo de hacer la guerra y la importancia creciente de la opinión pública en el desenlace de un conflicto “ha determinado la primacía de la faceta informativa sobre cualquier otro aspecto de los enfrentamientos armados”. Y es que, hoy en día, la guerra asimétrica se desarrolla en el espacio no tangible de la información, lo que da lugar al término “guerra de la información”. La voluntad de cualquier ejército occidental no solo depende de su moral, sino también de las percepciones de su ciudadanía.

4. Conclusiones

El viejo aforismo del general prusiano Clausewitz que hermana Diplomacia y Fuerzas Armadas en el objetivo bélico, se complementa en la consecución del desarrollo de la paz mundial con el fin de evitar conflictos y asistir a refugiados.

La paz no es la ausencia de conflicto, sino la existencia de condiciones que permiten que esta condición sea perdurable. Estas condiciones se podrán lograr aplicando, según Marchant (2013:36), las lecciones aprendidas, para evitar que se repita la historia.

Los fundamentos de la ética aplicados a los militares y las operaciones en que intervienen se encuentran incorporados en las reglas de comportamiento del militar y en la Ley 39/2007 de la carrera Militar. Entre los aspectos comunes de la ética y la responsabilidad social, se destaca la transparencia en las acciones, procedimientos, criterios y resultados, la comunicación, el intercambio de información con los actores internos y externos implicados así como la coherencia, asunción de responsabilidades y justicia de las acciones desarrolladas.

En las Reales Ordenanzas de las FAS, referencia obligada como código de conducta de los militares, se destaca la importancia del respeto a la persona, a los heridos, enfermos, náufragos y prisioneros, así como la debida protección a la población civil. En las operaciones militares se establece la necesaria atención a la búsqueda de heridos, enfermos y náufragos, respetando a la persona y sus propiedades. En relación con la población civil se destaca la protección debida a las personas especialmente vulnerables, como mujeres y niños, contra cualquier forma de explotación sexual o agresión (García-Guiu, 2013:4).

Del listado de genocidios recientes es preciso hacer un apunte al de Sebrenica, en la Guerra de Bosnia, originado por complejas disputas étnicas, entre serbios (cristiano ortodoxos), bosnios (musulmanes) y croatas (católicos).

Sebrenica, en 1995, fue la página negra holandesa de las misiones de paz, donde el resultado de la retirada de las tropas holandesas provocó que 7.400 civiles, hombres mayores de 12 años, fueran ejecutados en las primeras 10 horas. Los soldados holandeses no poseían el entrenamiento adecuado y, además, carecían de un mandato claro de la ONU.

Después seguirían otras catástrofes humanitarias mucho mayores, como la de Ruanda, entre hutus y tutsis, donde se echó de menos que los soldados de Naciones Unidas dejaran a un lado el papel representativo y se convirtieran en verdaderos catalizadores del cambio y protectores de la población civil, de acuerdo a los mandatos internacionales. Más de 800.000 personas perdieron la vida y el conflicto civil provocó el exilio de más de dos millones de ruandeses en el entonces Zaire, 480.000 en Tanzania, 200.000 en Burundi y 10.000 en Uganda, junto a más de un millón de desplazados internos.

Hasta aquí hemos analizado el término engagement, como una variante de la acepción habitual, que es la de “Reglas de Enfrentamiento”. Sin embargo, nos atreveríamos a darle la vuelta completa a la visión aportada durante este trabajo estimando que las reglas de enfrentamiento en el ámbito militar tienen ahora, más que nunca en la historia de la humanidad y de los conflictos humanos, más dosis de compromiso o lealtad con las fuerzas democráticas. Así, podemos interpretar el término “rules of engagement” (ROE), tanto en sentido de enfrentamiento, lucha o combate como en el de compromiso porque, al fin y a la postre, aquellas guardan relación también con el deber que el militar asume de actuar y comportarse de una determinada manera cuando se encuentra en operaciones.

Solo cabe esperar que los criterios clave para desarrollar conductas morales y éticas sean el fomento de la ejemplaridad, la transparencia en las organizaciones, el imperio de la justicia y la huida de posiciones de poder. La ética militar deberá desarrollarse tanto en situaciones diarias, que se desenvuelven en el día a día de unidades, cuarteles, y organismos militares como en las operaciones, frecuentemente exteriores, y en entornos multinacionales; un mundo sin fronteras para las ideas democráticas de estos nuevos ejércitos que, con independencia de su fuerza, posean una capacidad de forzar el diálogo entre las partes y de no responder a las constantes provocaciones y quiebras de lo pactado.

Desde 1992 existe en las FAS españolas la figura de los Oficiales de Información Pública (PIO, en inglés), en las misiones exteriores, que dan a conocer a la sociedad la labor realizada, que tiene impacto directo en el apoyo ciudadano a la misión, y que ayudan a periodistas y corresponsales en zonas de operaciones.

Pero es necesario llegar más lejos y que esta información se complemente con una adecuada y eficaz comunicación interna que proporcione a los miembros de las FAS las líneas generales de actuación y toda la información que pueda resultar de interés. Una comunicación interna que asegure y facilite la divulgación de la información a su personal de forma objetiva, fiable y oportuna. Que los miembros de las FAS se sientan motivados y con orgullo de pertenencia. Que puedan contagiar la ilusión por su trabajo a sus familias, a los que les rodean y se comprometan con las misiones encomendadas.